El Gobierno cree que puede frenar la inseguridad con una app

En medio de una creciente ola de indignación, el gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves en Villa Mercedes la puesta en funcionamiento de nuevos dispositivos de “Alarma Ciudadana” en el barrio Pablo Díaz, alcanzando los 772 instalados en toda la provincia.

 

 

Con un discurso centrado en la inversión tecnológica y la coordinación multiagencial del 911, desde el Ejecutivo provincial insisten en que la política de seguridad está dando resultados y que la aplicación móvil es la respuesta definitiva contra el delito.

 

 

Uno de tantos ejemplos en redes sociales. 

 

 

Sin embargo, la realidad que transita la comunidad de toda la provincia transita por un carril diametralmente opuesto. Lejos de la tranquilidad que reflejan los actos oficiales, las ciudades y localidades parecen zonas liberadas donde los delincuentes actúan con total impunidad. 

 

 

Motos, bicicletas y celulares se han transformado en el botín de todos los días, evidenciando que el Ministerio de Seguridad no ha logrado normalizar el escenario en lo que va de la gestión.

 

 

Un caso de hace cinco días. 

 

 

El contraste es inocultable: mientras las autoridades presumen estadísticas de cobertura y demuestran la app frente a funcionarios y alumnos, las redes sociales desbordan de desesperación. Ante la burocracia y los dolorosos dolores de cabeza que generan los trámites de denuncia en las comisarías, los vecinos optan por escrachar y visibilizar los robos en plataformas digitales.

 

 

Casos recientes —como el de una usuaria a la que le robaron la bicicleta de la puerta de una clínica privada o el de otra vecina que perdió su moto apenas días atrás— exponen la ineficacia de creer que un celular y una sirena vecinal pueden prevenir el delito real.

 

 

Para la ciudadanía, la bajada de línea oficial de que “la seguridad se construye entre todos” suena a impresentable cuando las familias se ven obligadas a vivir enrejadas y a instalar por su cuenta cámara de vigilancia. Pretender que una aplicación móvil supla la ausencia de prevención policial efectiva deja al descubierto un divorcio absoluto entre el relato oficial y el drama cotidiano de los puntanos.