La Punta: "poder ilimitado" y "riesgo de corrupción" en la obra pública

Tomás Escudero, un joven de La Punta que se desempeñó por algunos años como empleado municipal (despedido bajo un escenario de hostigamiento), compartió en sus redes sociales un fuerte análisis de la actualidad comunal. Apuntó contra las reglas del juego sobre las que se trazan las obras públicas. Advirtió por "amiguismos" y "sobreprecios".

En primer lugar, explicó que hace algunos años se aprobaron ordenanzas que "son un escándalo institucional": la 395 y la 501, que regulan las compras y contrataciones del Municipio. En ese sentido, precisó "las consecuencias" y cómo afecta este panorama al vecino. 

"En cualquier otra parte del país, cuando el Gobierno de turno quiere hacer obras públicas, lo normal es que esas obras pasen por el Concejo Deliberante. Acá en La Punta no. Con estas ordenanzas se suprimió el artículo para que se pueda debatir. Hoy, el poder lo tiene el Ejecutivo. ¿Qué consecuencias trae? Primero y principal, sobreprecios, obras que no reflejan el valor real de lo que pueden costar, falta de transparencia. Los concejales no tienen acceso al gasto de cada obra y mucho menos los vecinos, no podemos acceder a información que debería ser pública", repudió.

La concentración de poder

Escudero remarcó que todo el poder cae sobre el Ejecutivo, con lo cual el intendente puede "hacer y deshacer una obra a su antojo", no necesita enviar las iniciativas al Concejo Deliberante. En ese sentido, destacó el "riesgo de corrupción".

"No es teoría, lo vemos todos los días. Hacen obras millonarias que no reflejan el valor real. La peatonalización, por ejemplo, que costó $214 millones y $150 millones únicamente para la peatonal, si uno analiza, cada metro representa $600 mil pesos. Lo mismo en la repavimentación que están haciendo, o bacheo, donde se intervienen 6 secciones, que tiene un costo de más de $300 millones, donde el 10% iba para bicisenda. Se reinauguró el Paseo de Los Inmigrantes y lo hicieron pasar como bicisenda, pintaron la vereda que estaba y la hicieron pasar como bicisenda. Pregunto, permítanme cuestionar ¿Cuánto costó? ¿Qué gasto se hizo en esa reinauguración?", opinó.

El joven aseguró que esto repercute "en el vecino" y puntualizó que se deberían debatir estas cuestiones de manera "urgente" en el ámbito legislativo. "El Ejecutivo no tiene que tener el poder absoluto", dijo.

En otro tramo de su intervención, detalló que la ordenanza vigente permite lo que se denomina el "fraccionamiento de obra". Según mencionó, cuando una obra supera los $10 millones se tiene que llamar a licitación, pero hay una práctica común en la que se "fraccionan" los trabajos para evitar el proceso licitatorio. En algunas circunstancias, esto se puede apelar por algún tipo de urgencia, pero aseveró: "En la mayoría de los casos es para el amiguismo, para la devolución de favores".