El Consejo Económico y Social se reunió para monitorear el avance de las medidas acordadas

Tal como lo había anticipado el gobernador Alberto Rodríguez Saá el día de los anuncios para reactivar la economía en la provincia de San Luis, el Consejo Económico y Social volvió a reunirse para monitorear el avance de las medidas acordadas. El encuentro fue este jueves en Potrero de los Funes, donde diferentes sectores acompañaron a Rodríguez Saá.

Durante la reunión hablaron sobre el alcance de la medida judicial impulsada por el PRO, que traba el avance del Plan de Reactivación y las presentaciones realizadas por el gobierno provincial al respecto. También se refirieron a los créditos para construcción o refacción de viviendas y para inversión para pymes, el acuerdo con PAMI y la restitución de territorio del Parque Sierra de las Quijadas a la comunidad huarpe.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, explicó que el gobierno provincial estaba implementando un plan de reconstrucción socioeconómica, a partir del discurso planteado por el Gobernador el 1° de abril en la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, y a partir también de los pedidos expresos y los acuerdos que se firmaron como parte del Consejo Económico y Social.

Allende detalló los alcances de la medida judicial que salió la semana pasada: “Se ha suspendido, hasta el 15 de noviembre (por el plazo hasta que se cumpla la elección), la aplicación de solo tres políticas, que están referidas a la ayuda a aquellas familias que percibían un sueldo que no llegaba a los $70.000, que es el límite de pobreza, donde el Estado les iba a dar un suplemento para que nadie cobrara menos de esa suma; la ayuda de $20.000 para las familias que están desocupadas y que tienen niños a cargo; y por último el trámite de los microcréditos, que son créditos destinados a familias, pequeños emprendedores que desean lanzar una actividad. En este último caso, se suspendió la firma de los mutuos que se rubrican como garantía del préstamo, los nuevos, todos los que ya estaban hasta el día viernes 22 de octubre a las 15, esos continúan, no están afectados”.

El fiscal explicó que la Provincia apeló esta medida con el fundamento de que “no existe ningún carácter electoralista ni oportunista, porque fue anunciado hace siete meses atrás, fue acordado en el marco de este amplísimo consenso del Consejo, fue aprobado por una ley que Justicia no citó, que es la ley 1.060, que implementó y le ordenó al Ejecutivo implementar estas medidas sociales y económicas. Esta legislación no ha sido ni siquiera tratada, por ellos es uno de los fundamentos más fuertes de nuestra apelación".

 “El cumplimiento de una ley no puede tener influencia electoral. Todas las medidas están en ejecución, salvo estos tres puntos, que pasan para el 15”, sintetizó el primer mandatario.

La jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, anticipó que “en las próximas horas vamos a anunciar el cronograma de la acreditación de las medidas que no han sido restringidas por la cautelar”. En referencia a los préstamos a la Administración Pública, Plan de Inclusión Social y becas 22AG, al igual que los créditos de $500 mil y $1 millón para producción y el bono extraordinario para el servicio doméstico. 

El acuerdo que celebró San Luis con el PAMI ya se encuentra activo y vigente, atendiendo a jubilados de 60 localidades en todos los hospitales públicos provinciales. “La Provincia puede prestar servicio alternativo a afiliados del PAMI, estos pueden optar por las clínicas a las que ya están yendo o atenderse en la provincia. Nosotros no competimos con las clínicas privadas, sino que tratamos de coadyuvar esfuerzos para solucionar el problema de la salud pública”, aseguró el Gobernador.

Sobre la restitución de territorio del Parque Sierra de las Quijadas a la comunidad huarpe, el secretario de Turismo, Luis Macagno, dijo que “será un espacio de hasta 3.000 hectáreas".

ANSL